La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que presentó la imputación formal en contra de Camila A. R. L., Marioli G. R., Juan M. D. F., Alexi G. J., Pedro S. Q. R., Nils J. V. A., Julio C. R. P., Miguel Á. V., Rodrigo U. L., Ernesto V. V. y Josué F. M. M., por la presunta comisión de los delitos de Instigación Pública a Delinquir, Asociación Delictuosa, Lesiones Graves y Leves y Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, señaló que la imputación fue presentada el 16 de octubre ante el Juzgado Primero de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de la Ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, estas 11 personas, presuntamente, estarían involucradas en los hechos vandálicos suscitados en el cierre de campaña del partido político Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), desarrollado en horas de la tarde del 15 de octubre en el Cambódromo.

Por su parte el Fiscal Álvaro Gutiérrez, manifestó que en los diferentes videos se pudo evidenciar que estas personas se habrían congregado para hacer conocer su rechazo a la postulación de dos candidatos; sin embargo, esto terminó en hechos vandálicos, disturbios y enfrentamientos.

En las imágenes de diferentes videos se pueden observar la participación de cada uno de los imputados y se encontró suficientes elementos de convicción que muestran la participación en estos hechos ilícitos.

De acuerdo con el cuaderno de investigación, en fecha 15 de octubre del presente año, al promediar las 18:00 horas, a la altura del Quinto Anillo del Cambódromo se suscitó disturbios y enfrentamientos presuntamente entre jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, grupos activistas del 21-F y efectivos policiales que resguardaban la seguridad en el cierre de campaña del partido político del MAS-IPSP.

“Ante la concurrencia de los presupuestos procesales establecidos, el Ministerio Público solicitó mediante la imputación, la detención preventiva de los sospechosos para garantizar su presencia durante la investigación del caso”, dijo Salguero.

A pedido de la Fiscalía de Cochabamba el Juzgado de Violencia contra la Mujer y Anticorrupción N° 1 de la capital determinó detención preventiva para Nicolás V. S. por el presunto delito de Concusión, mismo que deberá cumplirlo en el penal de Arani.

Este sujeto fue acusado de cobrar dinero a nombre de una fiscal del Ministerio Público para favorecer a un sujeto que afronta un proceso penal.

“El juez cautelar ha determinado su detención preventiva, por cuanto el juez valoró los elementos de convicción que ha acompañado el Ministerio Público en los que se demuestra que se concurrió en la probabilidad de autoría del delito por el que se lo acusa, también se ha establecido la concurrencia de los riesgos procesales tanto de fuga como obstaculización”, dijo el fiscal de materia Ricardo Arellano.

Asimismo, refirió que el imputado se negó a declarar y se acogió al derecho al silencio, pero en audiencia él habría negado la comisión del delito por el que se lo acusa.

“Se tiene la declaración de la persona que fue coaccionada con la entrega de dinero, asimismo el informe de acción directa y la declaración de una funcionaria del Ministerio Público, una fiscal a cuyo nombre se ha exigido dinero”, aseveró el fiscal.

Según la investigación, el pasado 9 de octubre del 2019, una fiscal del Ministerio Público denunció que el hermano de un sujeto que tiene un proceso por el delito de Robo Agravado y Lesiones Graves y Leves, identificado como Ariel R.A., le refirió que un efectivo policial le habría pedido el monto de 500 dólares a su nombre para que su familiar sea coadyuvado en el proceso que afronta.

Ante esta situación se realizó un operativo en la av. San Martín y Jordán donde el imputado Nicolás V.S. y el señor Ariel E. A. se encontraron para hacer la entrega del dinero solicitado, es ahí donde se procedió a la aprehensión de esta persona y después fue trasladado a celdas policiales.

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce y el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, suscribieron hoy un Contrato de Comodato de dos inmuebles que fueron incautados al narcotráfico además de tres vehículos que ahora pasarán al Ministerio Público para una mejor atención a la población litigante.

“Estos son bienes que fueron secuestrados al crimen organizado, fruto de esas ganancias ilícitas al narcotráfico; pues ahora van a formar parte de la lucha contra ese ilícito y como Ministerio Público celebramos esa coordinación permanente que tenemos con el Ministerio de Gobierno frente al crimen organizado. Si los delincuentes se organizan y avanzan en sus tecnologías y sofisticación para llevar adelante la criminalidad, nosotros también tenemos que estar organizados y preparados permanentemente para enfrentar ese flagelo”, dijo Lanchipa a tiempo de recibir las llaves de los inmuebles y los vehículos.

Por su parte el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que en estos últimos años se diseñaron procedimientos que permiten afectar a la estructura material y logística del narcotráfico, de tal modo que los bienes y herramientas que servían para la comisión de ilícitos ahora son herramientas de la justicia.

“Nos alegra que sigamos juntos en esta tarea, fortaleciendo nuestras instituciones del Estado. Saludamos el trabajo del Ministerio Público, alentamos y exhortamos la posibilidad de que, particularmente en Santa Cruz, fortalezcamos a la Fiscalía y lo vamos a seguir haciendo en otros distritos del país.

A su turno el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, dijo que “es un evento muy importante para nosotros porque ya no tendremos que alquilar inmuebles para que funcione la Fiscalía de Narcotráfico”.

De acuerdo a la Ley Nº 913, Dircabi cedió dos inmuebles y tres vehículos al Ministerio Público. Los dos inmuebles incautados al narcotráfico son cedidos para el funcionamiento de dos Fiscalías Especializadas que deberán brindar un servicio cálido y humano a la población cruceña.

El primer inmueble cedido, en calidad de comodato, por parte de Dircabi a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz se encuentra en el barrio Las Palmas donde se instalará la Fiscalía Especializada de Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Pérdida de Dominio. En el segundo inmueble, ubicado en la zona central calle Pari Nº 138, se establecerá la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil y Delitos Medio Ambientales.

El contrato de comodato, inicialmente, tiene una vigencia de dos años prorrogable de acuerdo a la necesidad de la entidad. Además de los dos inmuebles, DIRCABI entregó tres vehículos que fueron confiscados al narcotráfico y ahora reforzarán el trabajo Fiscal.